Sociedad profesional simulada: la sanción muy grave no es automática

Muchos profesionales facturan sus servicios a través de una sociedad: asesores, abogados, médicos, arquitectos o consultores. Cuando la Inspección concluye que esa sociedad no aporta nada, porque no tiene empleados ni medios propios y los servicios son personalísimos, declara la simulación, traslada los ingresos al IRPF del socio y abre un expediente sancionador. Hasta ahora era habitual que ese expediente terminara con la infracción calificada como muy grave, por entender que la propia sociedad era un «medio fraudulento».

El Tribunal Supremo ha rechazado ese automatismo en su sentencia 695/2026, de 4 de junio (recurso de casación 1590/2024). Para calificar así la infracción, la Administración tiene que motivar, y probar, que la sociedad se utilizó para ocultar la identidad del socio.

Por qué importa la calificación

La infracción por dejar de ingresar la deuda que debió resultar de una autoliquidación (artículo 191 de la Ley General Tributaria) se sanciona según su calificación. Como recuerda la propia sentencia, la leve lleva una multa del 50 % de la base; la grave, del 50 al 100 %; y la muy grave, del 100 al 150 %. La ocultación de datos convierte la infracción en grave (artículo 184.2); los medios fraudulentos, en muy grave (artículos 184.3 y 191.4).

Entre los medios fraudulentos, el artículo 184.3.c) incluye «la utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, […] la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales». La Administración venía entendiendo que toda sociedad profesional declarada simulada encajaba en esa definición.

El caso

La Inspección regularizó el IRPF de 2014 a 2017 de un profesional que prestaba servicios contables y financieros a través de su sociedad. Consideró simulada la interposición porque la sociedad carecía de medios materiales y personales y los servicios eran personalísimos. Excluyó los ingresos del Impuesto sobre Sociedades de la sociedad y los trasladó al IRPF del socio, sin deducir los gastos relacionados.

El acuerdo sancionador calificó la infracción como muy grave por utilización de una entidad interpuesta. Toda la motivación consistía en afirmar que el contribuyente había interpuesto una sociedad «sin medios para la prestación de servicios contables y financieros con el objeto de desviar rentas que le corresponden a la persona física». Resultado: cuatro multas del 125 % de la base, de las que 50 puntos porcentuales se debían a esa calificación.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana confirmó la liquidación y anuló la sanción solo en la parte relativa a unos gastos. El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso con un razonamiento que el Supremo no comparte: «urdir la falsaria interposición de un sujeto de derecho -una mercantil- es ocultar, si bien que disimuladamente, la verdadera identidad del obligado tributario».

Qué dice el Supremo

El Tribunal estima el recurso de casación y declara la nulidad del acuerdo sancionador. Fija esta doctrina:

• Cuando el infractor es el socio persona física de una sociedad profesional instrumental que se considera simulada, «no debe apreciarse en todo caso la utilización de medios fraudulentos consistentes en la utilización de entidades interpuestas».
• Haber apreciado la simulación «no puede conllevar automáticamente la calificación de muy grave de la infracción».
• Los medios fraudulentos solo se apreciarán cuando, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, la Administración «motive adecuadamente que la utilización de la sociedad interpuesta se ha hecho con la finalidad de ocultar la verdadera identidad del socio profesional, persona física, para impedir u obstaculizar la actuación de la Administración tributaria».

Las razones de la sentencia sirven para defenderse en casos parecidos.

Simulación e interposición no son lo mismo. Si bien es cierto que la interposición puede considerarse una modalidad de simulación, no es menos cierto que el artículo 184.3.c) exige algo más: que el verdadero titular de la renta oculte su identidad tras la sociedad. Según el Tribunal, una sociedad cuyos socios son los propios titulares de la capacidad económica no oculta la identidad de nadie. Otra cosa es que los socios sean testaferros o «sustitutos» de los verdaderos titulares: entonces la sociedad sí es el instrumento de la ocultación.

El automatismo no cabe en materia sancionadora. Como cualquier circunstancia que califica una infracción, los medios fraudulentos exigen una motivación propia, referida a lo que el precepto pide: la finalidad de ocultar la identidad del infractor.

La carga de la prueba es de la Administración. Le corresponde, dice la sentencia, «acreditar que existió esa maquinación fraudulenta para ocultar la verdadera identidad del sujeto infractor».

Los servicios personalísimos no ocultan a nadie. Prestar servicios personalísimos a través de una sociedad profesional, incluso cuando la Inspección considera que la sociedad no interviene realmente por carecer de medios, «no es, en principio, un supuesto de “ocultación de identidad”». En el caso enjuiciado no hubo ocultación de la identidad del socio ni de la sociedad, ni de las rentas declaradas por ellos.

Lo que la sentencia no dice

Para usar bien esta doctrina conviene conocer también sus límites.

• No anula la regularización. La liquidación del IRPF, confirmada por el tribunal económico-administrativo, no formaba parte de lo que se discutía ante el Supremo. El profesional sigue debiendo la cuota y los intereses de demora.
• No excluye la sanción. El propio Tribunal recuerda su doctrina anterior: apreciada la simulación, no puede invocarse la interpretación razonable de la norma del artículo 179.2.d) para quedar exento de responsabilidad. Lo que cambia es la calificación, no la existencia de infracción. Eso sí, el acuerdo sancionador puede impugnarse con todas las garantías: prescripción, competencia, motivación o proporcionalidad.
• No impide la calificación de muy grave. Si la sociedad se interpone mediante testaferros, o si la Administración motiva y prueba en el caso concreto la finalidad de ocultar al socio, los medios fraudulentos pueden apreciarse.
• No aclara si cabe una nueva sanción. En el caso, el Supremo declaró la nulidad del acuerdo sancionador «con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración», sin pronunciarse sobre si la Administración podría dictar otro con una calificación distinta.

Qué revisar si ha recibido una sanción por su sociedad profesional

• La motivación de la calificación. Si el acuerdo se limita a decir que la sociedad carecía de medios o que servía para desviar rentas, es la misma motivación que el Supremo ha considerado insuficiente. Hace falta un razonamiento específico sobre la ocultación de identidad.
• Quiénes eran los socios. Si los socios eran los propios profesionales, identificados en el Registro Mercantil, en las facturas y en las declaraciones, no había identidad que ocultar.
• Impugnar la calificación de forma expresa, como motivo propio y separado de la culpabilidad y de la cuota, con cita del artículo 184.3.c) y de la STS 695/2026.
• El estado del expediente. Si la sanción no es firme porque está en plazo de recurso, en reclamación ante el TEAR o en vía contenciosa, la doctrina puede invocarse ya. Si es firme, las vías son mucho más estrechas y hay que estudiarlas caso por caso.
• Las reducciones en juego. Recurrir puede suponer perder reducciones de la sanción. La decisión debe tomarse comparando lo que se arriesga con lo que se puede ganar.

En el caso resuelto, la calificación de muy grave suponía 50 de los 125 puntos porcentuales de la multa, y el resultado final fue la nulidad de la sanción. Ganar sobre la calificación no elimina la deuda, pero puede cambiar sustancialmente lo que cuesta el expediente.